Miembros de la cúpula de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han sido imputados judicialmente en una investigación que podría estar relacionada con el conocido como “Cártel del Fuego”
La investigación judicial por la adjudicación irregular del contrato de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca por un importe de 70 millones de euros, imputa a la cúpula de la Consejería de Medio Ambiente que dirige José Fiscal, entre otros, al director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid Rojo (El Mundo, 15/9/2017). Es probable que la investigación pase a la Audiencia Nacional dado que también se están investigando en otras comunidades casos similares en los que están investigadas las mismas empresas que en Andalucía, un caso conocido como el “Cártel del fuego”. En el caso de Andalucía, la millonaria adjudicación irregular se repartió entre las empresas Inaer, Faasa, Sociedad Aeronáutica Peninsular o Trabajos Aéreos Espejo, con el consentimiento de la Junta de Andalucía, según el auto del juez del día 5 de septiembre.
Resulta espeluznante oír la referencia a este “Cártel del fuego” y preocupante además por conocer la alta recurrencia de incendios que ha habido este verano en el macizo de Sierra Bermeja y su entorno (Sierra Palmitera, Montemayor), en término municipal de Benahavís (Junio, Agosto y en septiembre –uno y dos– ).
Las actividades mafiosas y delictivas siempre han estado vinculadas a los incendios; el 75% de los incendios que arden anualmente en España y que suponen el 70% de la superficie quemada tiene origen humano (Informe “Incendiarios”, Greenpeace, 2007). Sean intencionados o por imprudencia, a esta crítica amenaza se añaden:
- que en el caso de los incendios de Sierra Bermeja, la finca de La Resinera, zona afectada en el incendio de agosto, no tiene un plan de prevención de incendios en la Sierra Palmitera, o al menos no lo ha ejecutado de carretera para arriba.
- que la Junta de Andalucía no ha realizado la faja cortafuegos de 3 m obligatoria por Ley a ambos lados de la carretera autonómica A-397 por donde se inició el fuego del mes de agosto.
- que según la investigación en curso, los millonarios contratos de extinción aérea de incendios se reparten entre empresas con el consentimiento de directivos políticos de la Junta de Andalucía con la más alta responsabilidad.
- que además, estos directivos políticos ahora imputados, son los principales detractores en la Junta de Andalucía de la protección como Parque Nacional de Sierra Bermeja.
La Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional ha tenido encuentros y comunicaciones con Javier Madrid Rojo, más bien desencuentros, en relación a nuestra propuesta de protección integral de Sierra Bermeja. Conocemos sus más que cuestionables decisiones y sus actitudes poco modélicas, menos aún en un cargo de su responsabilidad (director general, el segundo por debajo del Consejero). Sabemos de él, además, por otros casos, como la denuncia que interpusieron contra él los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía por la autorización de la captura de cientos de miles de fringílidos en 2011 y 2012 utilizando artes de captura masiva no selectiva, o por sus resoluciones a la hora de adjudicar contratos forestales siempre al mismo círculo de empresas. No parece el perfil más adecuado para estar al frente de la gestión del medio natural ni de los espacios protegidos; ni él, ni cierto círculo de funcionarios subordinados a su cargo (pocos, o tal vez muchos) que trabajan en su misma línea, que responden a la voz de su amo y que emiten informes arbitrarios según las directrices que él ordena. Siempre aparecen informes muy cuestionables de técnicos de la Junta: podría haber ocurrido -de probarse- en el caso de este “Cártel de Fuego”; ha ocurrido con la imputación en 2015 por la captura de fringílidos; y ocurre a la hora de hacer prosperar el proyecto de parque nacional Sierra de las Nieves sacrificando la protección de Sierra Bermeja. Este es uno de esos males endémicos que tiene el organigrama de la Junta de Andalucía, todos lo sabemos. Habrá que confiar en que la Justicia sepa erradicarlo.